JUCIL requiere la nulidad del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 7 de abril. Consideramos que sólo es aplicable para aquellas competencias que previamente se han asumido y que habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra, la Ley de Amejoramiento del Fuero.

Su aplicación afecta directamente a 220 compañeros que componen la Agrupación de Tráfico en Navarra, ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral. Por este motivo, los efectivos deberán ser reubicados en otros servicios en el territorio navarro o desplazarse a otras comunidades.

La normativa exige modificaciones legales previas

No hemos dudado en defender los derechos de nuestros compañeros recalcando que el procedimiento utilizado para la transferencia de estas competencias no es ajustado a Derecho por ser exigible para ello la modificación previa de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es decir, del Estatuto de Autonomía, tal y como diferentes expertos en la materia sostienen.

Pedimos medidas cautelares y alternativas para nuestros compañeros

Hemos instado al Alto Tribunal que, hasta que no  tomen una decisión sobre el recurso de nulidad, se proceda a la suspensión cautelar de su aplicación “a la vista de los graves e irreparables perjuicios que el traspaso de la competencia puede generar, tanto a los guardias civiles afectados y sus familias, como a las propias administraciones estatal y autonómica, de ser ejecutado y obtenerse una Sentencia favorable”.

Además, pedimos alternativas para nuestros compañeros si la competencia se traspasa definitivamente a Navarra. Y así, puedan continuar en otros servicios en esta comunidad foral o bien se les facilite una ‘pasarela’ para incorporarse en Tráfico en la Policía Foral. También, creemos que sería justo ofrecerles otras opciones que eviten los perjuicios que supone un traslado forzoso para ellos y sus familias.