Los representantes de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) en el segundo grupo de trabajo de la Orden General que permite regular las funciones de los órganos de gasto y contratación hemos presentado propuestas destinadas a fortalecer la transparencia y a la mejora de los mecanismos de control en todos los niveles de esta Institución.

Lamentablemente, todas nuestras propuestas y alegaciones no fueron aceptadas en esta ocasión por los representantes de la Administración. Nuestros puntos clave están enfocados en la transparencia de la gestión, la individualización de responsabilidades en la gestión del gasto y contratación, la profesionalización y la creación de áreas de control interno en los Órganos de Gestión Económica (OGE) de las Comandancias, pero desde la Dirección General de la Guardia Civil, estas iniciativas no han sido acogidas como esperábamos.

Las propuestas de JUCIL, resaltadas en el transcurso de la reunión incluyen:

1. Transparencia en la gestión: JUCIL aboga por una gestión transparente en todos los aspectos, especialmente en lo que respecta al manejo de los fondos públicos y la contratación de obras.
2. Establecimiento de órganos de control interno: La asociación profesional propone la creación de áreas de control interno en los Órganos de Gestión Económica (OGE) de las comandancias con el objetivo de garantizar una supervisión efectiva de las actividades financieras.
3. Concreción de responsabilidades: JUCIL solicita una mayor claridad en cuando a la asignación de responsabilidades en las gestiones realizadas, para garantizar una mayor eficiencia y responsabilidad en todas las operaciones.
4. Profesionalización y formación: Se propone un curso de formación homogéneo para todas las escalas, con el fin de dotar al personal de las habilidades necesarias para una gestión óptima del dinero público y la contratación de obras. Este curso estaría acompañado de la normativa relevante, como el Código Técnico de Edificación, para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.
5. Procedimiento protocolizado para la contratación de obras: Se propone un procedimiento protocolizado a nivel nacional de forma que un arquitecto realice un presupuesto ciego con las condiciones de la obra a ejecutar y sea facilitado al resto de las empresas para después, una vez adjudicado, se supervise que el material presupuestado corresponda con el que se vaya a utilizar y abonar, mejorando así la gestión del dinero público.

Los desconocimientos de la Administración

La Administración aún desconoce el Complemento Específico y la productividad con la que contará esta nueva especialidad. Tampoco tiene claro cuándo se materializará el curso y cuál será su contenido, lo que sí ha podido anticipar es que, en el pre-estudio realizado, se ha establecido una necesidad media de doce efectivos en UGEs y seis u ocho en OGEs, dependiendo de las zonas y comandancias.

Han añadido que, en principio, el personal que realice labores de gestión económica o contratación podrían optar a una adaptación orgánica y ocupar los puestos de trabajo propios de esta especialidad. Pese a que aún queda mucho camino por recorrer, probablemente tendrán en cuenta al personal en reserva.

JUCIL añade un sistema de auditorías

Desde esta asociación se solicita que al igual que las UGEs cuentan con órganos de control interno, también exista la misma área de control interno a nivel OGEs en las comandancias.

Jucil apuesta por la transparencia, eficiencia, responsabilidad, formación y un sistema de auditorías y control interno de estas actividades.

Pero, sobre todo, solicitamos concreción de responsabilidad en las gestiones que se realicen. La Administración nos traslada en este sentido que la UGE de la zona supervisa a la OGE de la comandancia. Sin embargo, desde esta asociación se ha puntualizado a este respecto que, si en ocasiones la propia comandancia no ha sido consciente de los casos de corrupción que se estaban llevando a cabo en su seno, cuanto menos van a poder ser controlados todos los casos desde la Zona.

Por último, JUCIL quiere información que continúa la propuesta de modificación de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la cual se aumenta el techo de gasto del personal que colabora en la gestión económica y contratación, en el siguiente sentido: