La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) sigue al lado de los compañeros de Cartagena a pocas horas de que sus familias sean definitivamente desalojadas de las viviendas de la casa cuartel en ruinas de esta ciudad, el 1 de septiembre próximo. Representantes de JUCIL han acompañado y asistido a varias esposas de compañeros que se han reunido con el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, quien ocupa el cargo desde el mes de junio último. En el encuentro, el representante del Gobierno nos ha indicado que aún buscan viviendas con alquileres asumibles en Cartagena para los compañeros para los que aún no hay una residencia alternativa a la que están obligados a abandonar de inmediato.

Alquileres dignos y asequibles

JUCIL ha pedido que se ofrezcan alquileres en áreas adecuadas, de manera que sean asequibles, pero en zonas dignas y no en áreas de extrarradio alejadas o con dificultades de acceso, dado además de que es muy posible que haya que resolver de inmediato problemas de escolarización de los menores que han residido hasta ahora en la casa cuartel. “Vamos a estar al lado de estos compañeros y de sus familias, porque el olvido que han sufrido por parte de la Administración exige que ahora se ofrezca para ellos una alternativa.

Sufren un auténtico drama que tiene muchas caras” explica José Antonio Moya, quien ha participado en el encuentro con el delegado del Gobierno y luego se ha reunido con los compañeros de Cartagena para informarles en persona del resultado de esta reunión .

Todavía hay muchas incógnitas sin respuesta

JUCIL ha pedido al representante de la Administración que aclare cómo y cuáles serán las cuantías en las ayudas previstas. De esta forma, que se indique si, de la cantidad total presupuestada para el proyecto de reconstrucción de las casas, hay una partida destinada al pago de ayudas por los alquileres. Así, se nos ha informado de que el plazo total previsto para la reconstrucción de la casa cuartel es de 30 meses, pero aún desconocemos si, en caso de incumplimiento de este plazo, alguien se hará cargo de la prórroga del pago del guardamuebles de los enseres de las familias que ya ha sido desalojadas.

Tampoco nos han dicho qué ocurrirá después del 1 de septiembre, la fecha final para desalojar cuando hay pendientes muchas mudanzas hasta el día 13 de septiembre, última jornada anunciada por la empresa que se ha hecho cargo de estos trabajos de traslado y recogida de muebles.

JUCIL afirma que esta situación afecta a las personas, que es lo que nos importa. Hay compañeros que viven auténticos dramas. Por ejemplo, tenemos un compañero de baja que había invertido 20.000 euros en reformas en su vivienda hace tan solo tres meses. ¿Nadie pudo avisarle de lo que ocurriría casi de inmediato? En otro caso, hay una familia con ocho hijos a los que habrá que dar una respuesta en forma de vivienda que no puede ser un piso con dos habitaciones.

Nadie lucha solo, en Cartagena o en cualquier otro lugar de España

JUCIL es una asociación profesional que tiene clara su voluntad de que ningún compañero tenga que luchar solo, ni en Cartagena, ni en Asturias, ni en cualquier otro lugar de España donde nuestros responsables o nuestros servicios jurídicos puedan colaborar. Seguiremos al lado de los afectados por el desalojo de Cartagena hasta que todos ellos se hallen con una solución al problema que ha generado la desidia y el abandono de la Administración pública. Por eso, también hemos pedido que se ofrezca la posibilidad de que aquellos que lo deseen, tengan preferencia en caso de que soliciten el traslado a otros destinos.