Seguimos sin saber cómo proceder ante una entrada masiva de inmigrantes como la que acabó en Ceuta hace diez años

JUCIL reclama de la Administración unos protocolos de actuación claros que protejan jurídicamente la labor de los guardias civiles cuando acuden a situaciones de emergencia cuando cientos de inmigrantes superan las fronteras
La asociación recuerda que, desde que sucedieran los hechos el 6 de febrero del 2014 que provocaron la muerte por ahogamiento de 15 personas ante las costas españolas en Ceuta, han pasado por el Ministerio del Interior tres titulares, dos del PP y uno del PSOE, sin que se haya avanzado en la elaboración de unas normas que señalen qué deben hacer los guardias civiles en estos casos

Diez años han transcurrido y tres ministros se han sentado al frente de Interior y los guardias civiles seguimos sin saber cómo debemos proceder ante una entrada masiva de inmigrantes que superan por cualquier método la frontera española. Un total de quince personas fallecieron el 6 de febrero de 2014 frente a la playa de El Tarajal, en la ciudad de Ceuta, cuando cientos de migrantes subsaharianos se lanzaron al agua en la parte marroquí de la valla fronteriza para intentar superar este último obstáculo para tocar tierra española.

Ya entonces se pidió a la Administración un protocolo claro de actuación, para saber si los guardias civiles deben controlar y repeler la entrada irregular de los inmigrantes o bien, deben atender a estas personas.

Faltan directrices

La falta de unas directrices concretas en aquella situación, hace diez años, se zanjó con quince muertes por ahogamiento, pero desde entonces, tampoco ha sido posible un acuerdo político capaz de poner fin a la incertidumbre con la que los guardias civiles acuden a cada salto masivo de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. De hecho, las tragedias con muertos se han repetido y nada ha avanzado en la parte dispositiva.

JUCIL, que entonces no existía como asociación representativa de los guardias civiles, reclama ahora saber cómo debemos actuar para hacer las cosas de una manera correcta. Los guardias civiles somos los primeros interesados, por nuestra condición de servidores públicos y, porque en nuestra condición de ciudadanos, también queremos ver que se respeta, por una parte, el ordenamiento jurídico y, por otra, los derechos humanos de todas las personas, también los migrantes sea cual sea su manera de acceder al territorio español.

 Incertidumbre constante, dudas  jurídicas

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) como entidad defensora de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, es la primera interesada en que no existan dudas sobre las actuaciones que afectan a los integrantes de este cuerpo policial. Algunos de nuestros compañeros que aquel triste día tuvieron que acudir a la emergencia han pasado años en la incertidumbre de no conocer si finalmente su labor de aquella jornada tendría algún tipo de reproche judicial. De hecho, hoy en día el caso no acaba de estar cerrado del todo. Esta no puede ser la tónica del trabajo de los guardias civiles. La seguridad jurídica en sus actuaciones y, al tiempo, la seguridad jurídica de que se respetan todos los derechos reconocidos para todas las personas debe de ser la manera habitual en la que se lleve a cabo la tarea diaria. El resto es improvisación y malas interpretaciones y, sobre todo, falta de interés, de compromiso de la Administración pública y de los responsables políticos en que haya una fórmula clara, contundente y rotunda de hacer las cosas.

Un escenario muy problemático

“La falta de unos protocolos concretos y la incertidumbre jurídica sobre cómo se deben de abordar estas situaciones contribuye a un escenario problemático donde se observan soluciones inadecuadas, tanto para la atención y el cuidado personal de los migrantes como para la tranquilidad sobre su intervención de los propios agentes. No debemos olvidar que este caso, sobreseído en los tribunales en varias ocasiones, aún es motivo de controversia judicial. Aún ahora, diez años después, el Tribunal Constitucional tiene todavía pendiente de resolución una última palabra sobre posibles responsabilidades penales”, ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.