JUCIL cierra cada vez más el cerco sobre los responsables de retrasar la vacunación del Covid-19 a los guardias civiles en Cataluña

La asociación profesional asumió la defensa de los integrantes fuerzas de seguridad del Estado, abandonados a su suerte por el Gobierno y la Fiscalía, ante la decisión injustificada y xenófoba que jugó con su salud
JUCIL replica a la exconsejera de Salud catalana, Alba Vergés, que si de verdad como ha dicho al juez la posición se basó en criterios sanitarios, ahora no estaría imputada en las diligencias señalada por varios mensajes telefónicos de sus propios subalternos

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) cierra cada vez más el círculo para conocer quiénes fueron los autores de un delito de omisión del derecho a la salud tipificado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ese alto tribunal ya se pronunció en torno a la demora injustificada en la vacunación contra el Covid-19 de los guardias civiles y policías nacionales residentes en aquella comunidad autónoma. El TSJ dijo en su día que aquella demora no tenía justificación, la consideró discriminatoria y señaló la necesidad de determinar quiénes fueron los autores de aquella decisión.

La actual  vicepresidenta del Parlamento de Cataluña y entonces consejera de Salud, Alba Vergés, acudió este viernes  a declarar ante el juez que la ha señalado como imputada en esta causa abierta a instancias de JUCIL y que busca determinar quiénes fueron los autores de aquel delito. En declaraciones a la puerta del juzgado, Vergés ha dicho que insinuar que hubo retraso es un “insulto” para los sanitarios.

 

JUCIL busca delincuentes y para eso no es necesario insultar a nadie

JUCIL ha recordado públicamente a la exconsejera que si está ante el juez es por su actuación en este caso. Según varios de sus subalternos, que han presentado sus mensajes telefónicos al juez, fue decisión de la consejera retrasar la vacunación de guardias civiles y policías. Los sanitarios de la red catalana de salud no pueden sentirse insultados cuando ellos se limitaron a cumplir lo que sus superiores jerárquicos les ordenaron, retrasar por motivos xenófobos, basados en el origen de las personas, la vacunación de unos servidores de la ley cuando mossos y policías locales en Cataluña estaban vacunados casi al 100%. Esta asociación ha asumido la defensa de la salud de los compañeros en Cataluña ante el abandono que sufren los guardias civiles por parte del Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Pese a lo manifestado por el TSJ catalán, han preferido mantenerse de perfil en este caso sin que la Abogacía del Estado o los fiscales hayan llevado a cabo ninguna acción para conocer a los autores de este delito.