Madrid, 10 de marzo de 2025.- El secretario general y la secretaria de comunicación de JUCIL, Ernesto Vilariño y Milagros Cívico, respectivamente, se han reunido esta mañana con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

La reunión, a la que han asistido miembros de distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Los representantes de JUCIL han comentado los perniciosos efectos que tiene para la seguridad de los ciudadanos de Cataluña el acuerdo alcanzado recientemente en el PSOE y Junts en materia de inmigración. “Estos acuerdos suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en esta parte del territorio nacional”, en declaraciones de Ernesto Vilariño.

De hecho, aunque el documento firmado por ambos partidos se habla de “delegación de competencias”, también señala que “en materia de inmigración Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.

Los representantes de JUCIL le han transmitido a Núñez Feijóo que la Guardia Civil se siente abandonada por las instituciones del Estado. Los traspasos de funciones a las policías autonómicas de Euskadi y Navarra son claros precedentes de la estrategia seguida por el Gobierno para reducir al mínimo la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en comunidades con partidos políticos que defienden la independencia. Y le han pedido al presidente del Partido Popular que exprese un compromiso claro en defensa del despliegue de la Guardia Civil con acciones concretas que frenen las políticas de desmantelamiento.

JUCIL le ha comentado al presidente del Partido Popular que acudirá a los tribunales de justicia para defender las funciones que el instituto armado tiene encomendadas por la Constitución y la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, JUCIL ya recurrió el traspaso de competencias en protección de la naturaleza de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra. Y seguirá defendiendo la competencia de la Guardia Civil sobre el resguardo fiscal del Estado, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.

Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.000 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 600 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo. Este déficit de personal contrasta con la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 25.000 efectivos aprobada el pasado 24 de febrero por la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias que integran el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. A esta ampliación se sumará otra de 1.800 efectivos para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. Estas cifras dejan meridianamente al descubierto la estrategia de ambos gobiernos respecto a la naturaleza del despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

“Nuestro objetivo es asegurar que los ciudadanos de Cataluña estén protegidos por los profesionales más preparados para el ejercicio de las funciones que la ley atribuye y que no se cometen injusticias manifiestas por razones geográficas o políticas”, asegura Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.