Reunión extraordinaria con el Jefe de la Comandancia de Córdoba
JUCIL y otras asociaciones representativas solicitan orden del día para futuras reuniones urgentes
Córdoba, 27 de mayo de 2025 – JUCIL ha mantenido una reunión extraordinaria, junto a otras asociaciones profesionales, con el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.
La reunión, convocada de manera urgente dos días antes y sin orden del día, tuvo lugar para aclarar un rumor extendido entre el personal del Centro Penitenciario de Córdoba sobre un posible traspaso de competencias a la Policía Nacional.
Durante la reunión, el Coronel Jefe de la Comandancia expuso que no existe ninguna intención de su Jefatura de ceder las competencias de la Guardia Civil en el Centro Penitenciario a la Policía Nacional. Según explicó, el único planteamiento que se ha abordado en reuniones previas se refiere a la posibilidad de que la Policía Nacional asuma competencias exclusivamente en términos municipales donde ya presta servicio en la provincia, sin afectar a las funciones en el Centro Penitenciario.
El Coronel también aclaró que, si bien han existido conversaciones recientes entre las jefaturas provinciales de ambos cuerpos en la Comisión Provincial de Policía Judicial, el Centro Penitenciario y su zona de afectación y seguridad seguirán siendo competencia de la Guardia Civil.
Ante las preguntas planteadas por las asociaciones representativas, la Jefatura confirmó que no existe ningún documento firmado ni acuerdo formal que modifique el actual reparto de funciones. El “status quo” operativo se mantendrá, garantizando que las competencias de la Guardia Civil en el Centro Penitenciario de Córdoba continúan vigentes.
Por su parte, asociaciones como JUCIL subrayaron la necesidad de que no se convoquen reuniones de carácter urgente y sin orden del día únicamente por la existencia de rumores. Todas las asociaciones presentes solicitaron que, para futuras reuniones extraordinarias, se garantice la comunicación previa y clara de los asuntos a tratar.
JUCIL ha manifestado que se mantendrá vigilante ante cualquier posible cambio en las competencias y funciones de la Guardia Civil.
Diez asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles crean una plataforma para frenar su expulsión de Cataluña
• Consideran que el acuerdo político entre el Gobierno del PSOE y JUNTS per Catalunya pone en riesgo la unidad del Estado y la legalidad vigente. “Esta cesión no solo desnaturaliza el modelo único de Seguridad, sino también compromete la cooperación internacional”
28 de mayo de 2025. Las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil en Cataluña se han unido en la plataforma unitaria P.N. & G.C. S.O.S Cataluña, para llevar a cabo una respuesta coordinada y legal ante el acuerdo político alcanzado entre el Gobierno del PSOE y JUNTS per Catalunya, que pone en riesgo la unidad del Estado y la legalidad vigente con la práctica expulsión de estos cuerpos de esta comunidad.
JUCIL, JUPOL, CEP, AEGC, AUGC, IGC, SPP, SUP, UFP y Unión de oficiales son los promotores de esta iniciativa y quienes señalan que el acuerdo registrado en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de marzo, que propone una Ley Orgánica para delegar competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña, supone “un ataque frontal al marco constitucional, al Estatuto de Autonomía catalán y al sistema nacional de seguridad pública. La cesión planteada invade competencias exclusivas del Estado y vulnera la estructura institucional española”, denuncian desde la plataforma.
Desde hace meses, los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil han solicitado formalmente una reunión urgente con el Delegado del Gobierno en Cataluña. “La respuesta ha sido un silencio absoluto, ningún acuse de recibo, ninguna convocatoria de reunión y ningún gesto de respeto institucional”.
Para la plataforma, este abandono representa “una anomalía democrática intolerable y una falta de respeto hacia quienes garantizan la seguridad del Estado en Cataluña”.
El análisis técnico realizado por los impulsores de P.N. & G.C. S.O.S Cataluña identifica graves irregularidades constitucionales y legales en la propuesta de Ley:
- Constitución Española (Art. 149.1.2ª y 150.2): El Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración. La delegación de estas funciones a una comunidad autónoma excede los límites constitucionales.
- Estatuto de Autonomía de Cataluña (Art. 138): La Generalitat puede colaborar en políticas de integración y acogida, pero no asumir competencias ejecutivas en control de fronteras, expulsiones o documentación.
- Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Las funciones de control de fronteras, expulsión de extranjeros y custodia de los CIE son exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No pueden ser asumidas por los Mossos d’Esquadra sin vulnerar la ley.
Por lo tanto, considera que esta cesión no solo vulnera la legislación nacional, sino también compromete la cooperación internacional con organismos como Europol, Interpol o Frontex y desnaturaliza el modelo único de seguridad del Estado, creando una ruptura operativa y legal.
Cataluña sólo podría establecer colaboración con el Estado Español es aspectos sociales, culturales de primera acogida, nunca en control de fronteras, autorizaciones legales o políticas migratorias. El límite legal ya está establecido, la Generalidad puede gestionar el cómo acoger, pero no decidir el quién entra ni con qué derechos jurídicos. Este acuerdo colocaría en una ilegalidad jurídica a España, a la Generalidad Catalana y también ante cualquier actuación de los propios Mossos d’Esquadra frente a las policitas europeas en materia de inmigración, dada la inconstitucionalidad y contrariedad del derecho la Unión Europea.
Concentraciones
Como primer paso del plan de acción, la plataforma convoca una concentración pública el próximo viernes 30 de mayo, frente a la delegación del Gobierno en Cataluña. Será la primera de una serie de movilizaciones organizadas para defender el marco legal y la permanencia del Estado en Cataluña.
El objetivo es exigir la suspensión inmediata del trámite legislativo, una convocatoria urgente con el Delegado del Gobierno, el reconocimiento legal, institucional y retributivo similar al del País Vasco y el refuerzo operativo de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña.
“No aceptaremos ser expulsados. No permitiremos que se rompa la unidad del Estado. Rechazamos el silencio como respuesta. P.N. & G.C. S.O.S Cataluña nace para defender lo que es de todos: la legalidad, la seguridad de los ciudadanos y la soberanía de España.”
JUCIL pide la actualización salarial del 0,5% pendiente desde enero de 2024
La asociación reclama la aplicación inmediata del incremento retributivo
Madrid, 27 de mayo de 2025 – JUCIL ha denunciado el retraso en la aplicación del incremento retributivo del 0,5% correspondiente a enero de 2024, previsto en el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, aprobado mediante Resolución de 14 de noviembre de 2022 por la Secretaría de Estado de Función Pública. Según lo establecido en este acuerdo, el aumento salarial debía aplicarse automáticamente si la suma de la variación del IPCA en los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de dichos ejercicios.
“Los guardias civiles llevamos ya diecisiete meses esperando un incremento que nos corresponde por derecho. Entendemos las dificultades que puede haber en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero también sabemos que el Gobierno ha utilizado en otras ocasiones la vía del Real Decreto Ley para aplicar medidas que requerían dotación presupuestaria, incluyendo actualizaciones salariales”, explicaba Ernesto Vilariño, Secretario General de JUCIL.
La asociación recuerda que los guardias civiles no pueden ver absorbido ni compensado este incremento, que consideran esencial para equiparar sus retribuciones a las circunstancias económicas actuales y para garantizar su poder adquisitivo frente a la inflación.
“Solicitamos al ministro del Interior y al Gobierno que se modifiquen las normas reglamentarias de aplicación o, en su defecto, que se apruebe un Real Decreto Ley que garantice este incremento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024”, finalizaba Vilariño.
JUCIL anuncia que continuará reclamando la aplicación de este derecho y explorará todas las vías disponibles para garantizar la actualización salarial que corresponde a los guardias civiles.
EL JUZGADO DE LEÓN ARCHIVA LA DENUNCIA CONTRA LA DIRECCIÓN DE JUCIL
● Emite una providencia que confirma el sobreseimiento de la denuncia de cinco miembros de la asociación.
● La juez concluye que los gastos analizados fueron debidamente justificados y resueltas todas las incidencias.
● La decisión judicial refuerza el recorrido de la querella presentada contra el exsecretario de comunicación y otros cuatro miembros por difundir informaciones falsas y calumniosas.
León, 29 de mayo de 2025. La titular del Juzgado de Instrucción número tres de León ha archivado la denuncia presentada por cinco miembros de JUCIL contra la dirección de esta asociación al constatar que “no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”. Esta denuncia, ahora sobreseída, ha sido el núcleo de una campaña de este pequeño grupo de disidentes contra el secretario general de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.
En una providencia, la juez de León dicta: “Dada cuenta, estese al sobreseimiento provisional acordado, al no apreciarse indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados, a la vista del informe remitido por el Secretario Nacional de Finanzas y Tesorero de la Asociación y la documentación acompañada, que concluye que los gastos analizados fueron debidamente justificados mediante la correspondiente documentación acreditativa y que las incidencias detectadas fueron corregidas, restituyendo cualquier importe que, por error, pudiera haber sido mal imputado, habiendo sido los supuestos gastos irregulares señalados sometidos a examen y aprobados mediante las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de socios, en las que parte de los propios denunciantes estuvieron presentes sin manifestar objeción alguna a la aprobación de las cuentas ni a la justificación de los gastos presentados”.
La propia juez señala que los gastos cuestionados, correspondientes a varios ejercicios y que apenas sumaban 900 euros, fueron aprobados por los propios demandantes, lo cual denota su interés en forzar los argumentos para justificar la campaña contra la dirección de la que algunos de ellos formaron parte.
En consecuencia, la decisión judicial refuerza el recorrido de las querellas presentadas por JUCIL y su secretario general, Ernesto Vilariño, contra el exsecretario nacional de comunicación, Agustín Leal, y otros cuatro miembros de la organización por calumnias e injurias graves, revelación de secretos y coacciones.
Al tiempo que se archiva la denuncia contra el secretario general, en el juzgado número cuatro de León avanzan las actuaciones que pueden conducir a la apertura de juicio contra los querellados. El texto de la querella señala que “los querellados, valiéndose de su condición de miembros de JUCIL, con acceso a información interna de la asociación, han actuado de manera coordinada con el propósito de desacreditar a D. Ernesto Vilariño, utilizando estrategias basadas en la difusión de informaciones falsas, la filtración de documentos internos y la manipulación de la opinión pública”.
La querella contiene pruebas fehacientes de la actuación de este grupo, cuyo fin es desprestigiar a la actual dirección nacional, de la que el principal encausado, Agustín Leal, formó parte hasta su dimisión el pasado día 8 de diciembre, y desestabilizar a la asociación mediante acusaciones infundadas.
