JUCIL ha enviado una carta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitamos que el Consejo de Ministros revise las listas electorales de la formación radical vasca EH Bildu, en las que se han incorporado condenados por delitos relacionados con la banda terrorista ETA, de los cuáles siete lo fueron como autores de delitos de sangre. Además, hemos dirigido un escrito a la Fiscalía General con esta misma petición en la que incluimos los sueldos y salarios públicos que puedan ganar esos candidatos si obtienen un escaño para que sea destinado a la reparación de los daños a las víctimas de sus delitos. Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, ha afirmado que “la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo supone una grave situación, desde luego contraria a la memoria de las víctimas del terrorismo y por supuesto; un auténtico insulto y una humillación para nuestros compañeros heridos y fallecidos en atentados cometidos por componentes de ETA, así como también supone una afrenta muy dolorosa para los descendientes, familiares y amigos de estas víctimas”. Además, pedimos a la Fiscalía General del Estado que inicien las acciones legales oportunas por un posible delito de quebrantamiento de condena por parte de los candidatos que lo son estando sujetos todavía a pena privativa de derechos que lo impida. Demandamos, además, que se verifique el resultado del mencionado proceso electoral, y tras ello, de ser procedente, realice las acciones oportunas para proceder a destinar, con los límites legales existentes, los salarios de los candidatos electos a completar las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil y multas que pudieran estar pendiente de pago íntegro.

JUCIL ha dirigido también un escrito a la Junta Electoral Central, en el que reclama que se garantice la limpieza de las elecciones en España y que revise las candidaturas de EH Bildu con el fin de comprobar si los candidatos incluidos en ellas han cumplido o no la totalidad de sus condenas. Algo que, según Vilariño es “frecuente”. Por ello, reclamamos a la Junta Electoral que, si alguno de los candidatos incurre en esta circunstancia, se anulen y se dejen sin efecto esas candidaturas, sin perjuicio de adoptar las medidas de otra índole que procedan y de poner en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades competentes dicha conducta, a los efectos que puedan proceder.