Cuartel de la Guardia Civil en Herrera de Pisuerga

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Palencia para que, en su condición de máxima autoridad y representante de la Administración en la provincia resuelva la situación a la que se enfrentan los guardias civiles y sus familias que ocupan los once pabellones del cuartel de Herrera de Pisuerga, donde se ha dado orden urgente de desalojo por el riesgo inminente de derrumbe del tejado.

JUCIL entiende que la solución que se ha ofrecido a los guardias civiles y a sus familias no es la adecuada, ya que a la mayor parte se les proponen otros pabellones ahora desocupados, pero situados en distintos puntos de la provincia, algunos de ellos a más de cincuenta kilómetros de distancia de su puesto de trabajo.

Afecta al trabajo de los guardias civiles y además, perjudica a sus familias

Esta propuesta afecta no sólo al trabajo de los guardias civiles, sino también a sus familias, ya que tanto sus parejas como sus hijos, se verán perjudicados tanto en sus distintas ocupaciones como en su educación. Por este motivo, JUCIL reclama una solución para estos guardias civiles que evite su desplazamiento a otros puntos de la provincia y que se centre en conseguir viviendas para ellos y sus familias en la misma localidad, mediante la ayuda al alquiler o bien, mediante la adecuación como se ha propuesto, de unas instalaciones hosteleras cuyo propietario ha ofrecido también.

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha expresado su intención de desplazarse hasta Palencia para reunirse con el subdelegado del Gobierno y estudiar de forma conjunta soluciones al problema que supone el desalojo de once familias en plenas navidades.

Queremos saber cuál es la situación en toda España

JUCIL ha reclamado por este motivo a la Dirección General del Cuerpo que se le remita toda la información relativa a la situación estructural y de uso de las instalaciones donde trabajan y residen los guardias civiles y sus familias ante las noticias de desalojos conocidas este año y que afectan a cerca de un centenar de pabellones. Hace unos meses en Cartagena, en Murcia, y la semana pasada en Herrera de Pisuerga (Palencia) por “las deficientes condiciones de mantenimiento y conservación en la que se encuentran numerosos acuartelamientos en España”, explica en su petición la vocal del Consejo por JUCIL y subsecretaria nacional de Riesgos Laborales, Melisa Victoria Carmona.

De la noche a la mañana

JUCIL considera que estas situaciones, en las que muchas familias se ven obligadas a desalojar sus viviendas de la noche a la mañana “genera gran preocupación entre el resto de los guardias civiles que temen que les pueda suceder algo parecido en breve debido al mal estado en el que se encuentran los acuartelamientos y a la falta de mantenimiento”, asegura el escrito de la asociación profesional. Una situación que afecta tanto a las familias que residen en estos pabellones como a los guardias civiles que desempeñan su trabajo en unas instalaciones “en las que queda patente la falta de seguridad ya que, en cuestión de horas, las oficinas donde trabajan y los vestuarios en los que se cambian se ven clausurados”, agrega el escrito.

Derecho a la debida seguridad y protección de la salud

JUCIL reclama a través de esta petición conocer cuál es el número actual de pabellones por cada una de las comandancias provinciales de la Guardia Civil, tanto los que se encuentran ocupados como los que están disponibles. Se solicita además conocer cuál es el estado en el que se encuentran los diferentes acuartelamientos de las provincias “y además de ello, si fuera posible, disponer de información disgregada sobre el estado de las dependencias y de habitabilidad de los pabellones, o cualquier otro dato de interés a fin de garantizar la seguridad y la salud de todo el personal”, razona JUCIL en su petición de estos informes.

La asociación explica que todo ello se demanda con el fin de que se cumpla la normativa sobre prevención de riesgos laborales “en relación con el derecho de los agentes a prestar servicio con la debida seguridad y protección de la salud, así como en la obligación de los mandos superiores de promocionar las medidas adecuadas para su protección”, finaliza el escrito.