Madrid, 18 de octubre de 2022
JUCIL ha solicitado por escrito una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y propone como alternativa que el espacio necesario para la custodia temporal de inmigrantes se ubique en las dependencias desocupadas y sin uso del patio y del edificio de la Subdelegación del Gobierno
Niños con edades entre los dos y los 14 años, hijos de los guardias civiles que residen en la casa cuartel de la localidad de Carboneras, en la provincia de Almería, pueden ser en poco tiempo testigos involuntarios de hechos violentos, y de situaciones desesperadas. Esa preocupación, la de proteger la infancia de los hijos de los guardias civiles es la que ha llevado a la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciar cómo los menores pueden observar en poco tiempo toda la crudeza del drama de la inmigración, según explica el secretario provincial de JUCIL en Almería, Juan Marcos Gutiérrez. “El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han alterado la función de defender y representar nuestros intereses, para ponerse de lado y que nuestros compañeros, sus familias y especialmente sus hijos se adapten ante una decisión egoísta, poco considerada y que invade el entorno privado de las familias. Convierten el acuartelamiento de Carboneras en un lugar incómodo para vivir, al acoger en sus instalaciones un Centro de Custodia Temporal que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Pretenden transformar una zona de aparcamiento, en el patio del cuartel, como un punto de recepción de los migrantes que lleguen a la costa almeriense, desde San José hasta Garrucha” precisa Gutiérrez.
Mucha inseguridad y escasa vigilancia
Los migrantes que llegan a la costa, informa Marcos Gutiérrez, “son trasladados ahora en furgones hasta estas instalaciones de tránsito en las que permanecen hasta que redactan las fichas con su filiación y toma de huellas dactilares y posteriormente son enviados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en Almería donde se hacen cargo de ellos la Policía Nacional”. “Las horas que permanecen dentro del acuartelamiento son vigilados tan solo por cuatro guardias civiles y a veces hay más de cincuenta migrantes. Resultan habituales las fricciones y en muchas ocasiones enfrentamientos entre ellos, dependiendo de qué países o de que etnias proceden.
Unos acontecimientos que alteran la normalidad y la seguridad de las instalaciones del acuartelamiento en la que, vuelvo a recordarlo, viven muchos niños que en ocasiones son testigos de estas situaciones”, agrega el secretario provincial de JUCIL en Almería.
El rechazo del subdelegado
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, anunció tras conocerse estos hechos la semana pasada la remisión de una carta al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, con el fin de solicitarle una reunión en el menor plazo de tiempo posible para darle a conocer el estado de ánimo por la decisión tomada desde la Dirección General de la Guardia Civil, que parece olvidar las principales preocupaciones por los guardias civiles y sus familias para atender otras necesidades. Como JUCIL es una asociación profesional que vela por los derechos e intereses laborales, familiares y sociales de los guardias civiles acudirá a la reunión con el representante del Gobierno en Almería con una propuesta alternativa para el Centro de Atención a Inmigrantes, como pudieran ser las instalaciones, dependencias y patios de la Subdelegación del Gobierno en Almería, entorno en el que no residen familias y donde por tanto no supondría ningún problema la estancia de los migrantes todo el tiempo que fuera necesario.
El subdelegado ha señaló al día siguiente de nuestra denuncia que las obras que se llevan a cabo son simplemente para dar cobertura de sombra a una zona de aparcamiento situadas en el patio del cuartel. Una respuesta que de por sí da idea de su escaso interés por los problemas que afectan a los guardias civiles que residen en la casa cuartel de Carboneras.
Víctimas de mafias de trata de personas
La iniciativa de JUCIL de que el Centro de Atención a Inmigrantes se sitúe bien en las dependencias sin uso o casi desocupadas de la Subdelegación del Gobierno o en otras instancias de la Administración del Estado en las que desde el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía apenas hay actividad y uso, evitaría además la posibilidad de que se transmitieran riesgos sanitarios a los niños de los guardias civiles de cuartel de Carboneras o de cualquier otro que se haya pensado en su habilitación para la acogida de inmigrantes. Estas personas, traídas en su desesperación hasta España por mafias especializadas en la trata de personas, llegan sin ningún control sanitario, lo que podría provocar el desarrollo y extensión de epidemias como ha ocurrido en más de una ocasión en los últimos años.
