León, 29 de mayo de 2025. La titular del Juzgado de Instrucción número tres de León ha archivado la denuncia presentada por cinco miembros de JUCIL contra la dirección de esta asociación al constatar que “no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”. Esta denuncia, ahora sobreseída, ha sido el núcleo de una campaña de este pequeño grupo de disidentes contra el secretario general de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.

En una providencia, la juez de León dicta: “Dada cuenta, estese al sobreseimiento provisional acordado, al no apreciarse indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados, a la vista del informe remitido por el Secretario Nacional de Finanzas y Tesorero de la Asociación y la documentación acompañada, que concluye que los gastos analizados fueron debidamente justificados mediante la correspondiente documentación acreditativa y que las incidencias detectadas fueron corregidas, restituyendo cualquier importe que, por error, pudiera haber sido mal imputado, habiendo sido los supuestos gastos irregulares señalados sometidos a examen y aprobados mediante las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de socios, en las que parte de los propios denunciantes estuvieron presentes sin manifestar objeción alguna a la aprobación de las cuentas ni a la justificación de los gastos presentados”.

La propia juez señala que los gastos cuestionados, correspondientes a varios ejercicios y que apenas sumaban 900 euros, fueron aprobados por los propios demandantes, lo cual denota su interés en forzar los argumentos para justificar la campaña contra la dirección de la que algunos de ellos formaron parte.

En consecuencia, la decisión judicial refuerza el recorrido de las querellas presentadas por JUCIL y su secretario general, Ernesto Vilariño, contra el exsecretario nacional de comunicación, Agustín Leal, y otros cuatro miembros de la organización por calumnias e injurias graves, revelación de secretos y coacciones.

Al tiempo que se archiva la denuncia contra el secretario general, en el juzgado número cuatro de León avanzan las actuaciones que pueden conducir a la apertura de juicio contra los querellados. El texto de la querella señala que “los querellados, valiéndose de su condición de miembros de JUCIL, con acceso a información interna de la asociación, han actuado de manera coordinada con el propósito de desacreditar a D. Ernesto Vilariño, utilizando estrategias basadas en la difusión de informaciones falsas, la filtración de documentos internos y la manipulación de la opinión pública”.

La querella contiene pruebas fehacientes de la actuación de este grupo, cuyo fin es desprestigiar a la actual dirección nacional, de la que el principal encausado, Agustín Leal, formó parte hasta su dimisión el pasado día 8 de diciembre, y desestabilizar a la asociación mediante acusaciones infundadas.