La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha tomado la decisión de impugnar las directrices emitidas por el Mando de Operaciones de la Guardia Civil el 25 de abril pasado, referidas a la implementación de una prueba piloto para la prestación de servicios específicos durante el verano de 2024, con el refuerzo de personal durante las vacaciones. Es decir, la oferta para que algunos guardias civiles, los que así sean designados o en las áreas que se determine, puedan optar a cobrar una cifra algo inferior a los 1.200 euros netos por renunciar a tomar su periodo de vacaciones en los meses de julio, agosto y septiembre, el tramo del calendario donde se concentra el mayor tiempo de descanso para los centros educativos y, por tanto, para las familias.

No se han publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil

JUCIL precisa que estas directrices del Director Adjunto Operativo (DAO), que han sido recurridas ante la Dirección General, no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y carecen de una motivación clara respecto de su contenido y alcance. El secretario nacional jurídico de JUCIL, Alberto Álvarez Arranz, puntualiza en este sentido que, dadas las fechas en las que se han presentado, apenas cabe tiempo para recurrir, por lo que anuncia la posibilidad de que la asociación profesional acuda a un proceso de urgencia ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. “Se presenta como aparentemente irrecurrible, lo que genera una indefensión evidente para los guardias civiles que podrían ser destinatarios directos o indirectos de las mismas, así como también para aquellos que se vean directamente perjudicados por su aplicación”, argumenta el secretario nacional jurídico de JUCIL.

El proyecto no se extiende además a todos los guardias civiles, sino que será exclusivamente para determinados servicios y áreas, una situación que JUCIL considera injusta “ya que no todos los guardias civiles podrán optar a esta propuesta, aunque les pueda resultar conveniente”, matiza Alberto Álvarez.

Unas cantidades escasas y muy discutibles

JUCIL destaca además que las cantidades asignadas en las directrices con el fin de compensar el desplazamiento de las vacaciones anuales a otras épocas del año que no sean el verano resultan insuficientes, especialmente si se tiene en cuenta el impacto neto tras las retenciones del IRPF. “Estas asignaciones son considerablemente menores al coste económico de los traslados por comisiones de servicio que se pretenden ahorrar de esta manera”, recuerda Álvarez Arranz.

La asociación profesional recurre además estas directrices porque en su actual configuración, no permiten al resto del personal solicitar sus vacaciones mediante una reasignación de estas, ya que establece que los guardias civiles acogidos a estas directrices no serán tenidos en cuenta para los cupos mínimos de personal de servicio en los períodos.

JUCIL mantendrá, como hasta ahora, una lucha incansable en favor de los derechos de los guardias civiles. Esta asociación considera fundamental garantizar unas condiciones laborales justas y equitativas, así como proteger los derechos de todos los miembros de la Guardia Civil. Por este motivo, continuamos trabajando para asegurar que se respeten los derechos de conciliación familiar y laboral, así como para promover una mayor transparencia y participación en la elaboración de políticas que afecten a nuestros compañeros.

JUCIL confirma su compromiso con el bienestar y la justicia para todos los guardias civiles y continuará en la defensa de estos valores con determinación y firmeza.