La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil ha apoyado hoy en los juzgados de Barbate el testimonio de los guardias civiles que viajaban junto a los compañeros Miguel Ángel González y David Pérez, asesinados el 9 de febrero pasado por una narcolancha que arrolló la pequeña embarcación con la que trataban de identificar a los tripulantes de un grupo de grandes lanchas utilizadas para el tráfico de drogas y de migrantes a través del Estrecho de Gibraltar.

El secretario provincial de Cádiz, Agustín Domínguez, junto con el secretario jurídico de JUCIL en Málaga, Pablo Rosa, han atendido a los medios de comunicación reunidos a las puertas del tribunal. JUCIL ha defendido la necesidad de que se modifique el actual protocolo de uso de armas, de manera que se cuente con un ordenamiento claro sobre cómo deben responderse a las acciones, cada vez más violentas, de los grupos mafiosos que controlan el narcotráfico en el sur de España.

Los recientes crímenes ocurridos en Barbate el 9 de febrero subrayan la importancia de contar con directrices claras que permitan a los guardias civiles tener un criterio indubitable para actuar en defensa propia y de los ciudadanos de una manera efectiva y segura. Es esencial que se establezcan pautas muy bien definidas para recurrir al uso de armas frente a situaciones de violencia cada vez más graves y desafiantes.

Un falso principio de proporcionalidad ha llevado a la situación actual en la que los guardias civiles dudamos de usar las armas con las que estamos dotados ante ataques cada vez más violentos y furibundos.

Pedimos un mayor esfuerzo en la investigación y que los detenidos continúen en prisión

En relación con los detenidos en Barbate que, según la investigación objetiva e imparcial de los compañeros de la UCO no eran los tripulantes de la narcolancha que mató a nuestros compañeros Miguel Ángel y David, JUCIL, presente en la causa como acusación particular pedirá, junto a la Fiscalía, el mantenimiento de las medidas cautelares para que continúen en prisión. Aunque no se les acuse directamente del asesinato, su implicación en otros delitos graves demanda una respuesta firme. Al tiempo, apoyamos la profesionalidad y dedicación de nuestros compañeros en la elaboración de unos informes imparciales que contribuyen a la justicia y la seguridad de todos. Por este motivo, reclamamos desde que se conoció el contenido del informe, que se refuerce la investigación para localizar y llevar ante la Justicia a los auténticos autores del asesinato.

Más razones para ser una profesión de riesgo

Los representantes de JUCIL hoy en Cádiz han hecho además especial hincapié en la urgencia de que se reconozca la profesión de guardia civil como de alto riesgo, porque es fundamental para la sociedad garantizar una mayor protección y reconocimiento a quienes desempeñamos esta labor vital para todo el conjunto de la ciudadanía.

JUCIL reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de todos los guardias civiles y desde la asociación seguiremos trabajando para asegurar un entorno laboral seguro y justo para todos los guardias civiles.