La máquina judicial sigue adelante y delimita cada vez con mayor precisión a los autores de un delito que ya fue establecido en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la omisión del deber de cuidar de la salud por parte de altos cargos del Gobierno de Cataluña a los que se investiga por retrasar de forma premeditada la vacunación de los guardias civiles y policías nacionales durante la pandemia por la Covid-19. El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha desestimado el recurso de la Generalitat contra el auto por el que imputa a altos cargos de la Consejería de Salud de Cataluña en el retraso en la vacunación.

“Indicios suficientes”

El auto rechaza el recurso de reforma que solicitaba el archivo de este caso por entender que “existen indicios suficientes” dice el texto del juez, “de la participación de todos los investigados en los hechos que se les atribuyen”, añade el magistrado. Es más, el juzgado también mantiene la petición para que declare la entonces consejera de Salud, Alba Vergès, a quien solicita que renuncie a su actual condición de aforada por ser vicepresidenta del Parlamento de Cataluña y acuda a declarar en estas diligencias, algo que la apelada hasta ahora no ha hecho.

Seguimos hasta conocer los autores materiales de estos delitos

JUCIL continuará en este proceso hasta que se diligencie de forma clara quiénes fueron los autores de estos delitos de omisión del derecho a la salud y los posibles delitos de odio que conlleva la decisión, reconocídamente pactada y consensuada en la Consejería de Salud de la Generalitat, de retrasar la vacunación, sin otro motivo que el hecho de se trataba de guardias civiles, cuando ya se había vacunado a la práctica totalidad de policías locales y autonómicos en esta comunidad autónoma.