JUCIL defiende la Constitución.

Esta asociación profesional cree en la separación de poderes que establece que el Parlamento elabora las leyes, el Gobierno las ejecuta y los tribunales hacen que éstas se cumplan. El Gobierno está autorizado a perdonar delitos a delincuentes confesos y condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito. Esta es una tarea del Parlamento.

Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito en realidad estaríamos ante un Golpe de Estado dictatorial en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado Democrático y de Derecho.

Una amnistía significaría que tanto las órdenes que dieron los responsables en su día y el sufrimiento de los guardias civiles que velaron y fueron heridos para que se cumplieran fueron ilegítimas. Y esto sería inaceptable en un Estado de Derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras.