Los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han elevado al Tribunal Supremo una demanda en el recurso tramitado contra el Real Decreto por el que se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. Un recurso que en la actualidad continúa su trámite ante el máximo tribunal judicial español y de cuya evolución daremos cuenta debidamente.

El procedimiento judicial que se inició contra el Gobierno de España, en el que se ha personado como codemandado el Gobierno de Navarra, impugna el traspaso de competencias realizado sobre la base de la insuficiencia de rango de la norma en la que se basa. JUCIL argumenta que, de forma previa a este traspaso, debería de haberse modificado el Estatuto de Autonomía de Navarra, la ley orgánica denominada Ley de Amejoramiento del Fuero, algo que no ocurrió por la premura de los políticos en llevar a cabo este gesto hacia las formaciones políticas nacionalistas e independentistas que apoyan al Gobierno a cambio de este tipo de acuerdos.

Cambalaches políticos que afectan a la vida de las personas

JUCIL considera además en sus argumentaciones que la decisión afecta a la vida de muchas personas, en concreto a los integrantes de la Agrupación de Tráfico que desarrollan su labor en esta comunidad foral, muchos de ellos navarros o radicados allí desde hace muchos años y que se encuentran en la encrucijada de tener que elegir otros destinos en diferentes puntos de España, lo que supone importantes cambios tanto para ellos como para sus familias.

Los cambalaches del Gobierno de España con sus aliados independentistas en Navarra no han tenido en cuenta precisamente que sus decisiones afectan a personas concretas, mujeres, hombres y niños, familias enteras que tendrán que trasladarse, buscar nuevas viviendas, colegios y una vida en otra parte debido a su decisión, basada exclusivamente en el reparto de poderes tanto en el Gobierno del Estado como en el de la comunidad foral de navarra.

Si debe hacerse, que sea al menos con el cumplimiento de la ley

JUCIL precisa que al tratarse de una disposición que afecta de manera clara al colectivo de guardias civiles destinados en Navarra en vacantes de tráfico y a quienes puedan estar interesados en estarlo, debería haber sido remitido previamente a las asociaciones profesionales y al Consejo de la Guardia Civil, tal y como establece la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de noviembre.

El procedimiento ante el Tribunal Supremo sigue así su curso y desde los servicios jurídicos de la asociación se dará cuenta de cualquier novedad en su tramitación. JUCIL ha considerado que, a pesar de la complejidad técnica de esta demanda ante el máximo tribunal de Justicia en España, resulta imprescindible para esta asociación profesional la defensa de la permanencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra. “Y si se decide que no sea así, que se haga mediante el cumplimiento estricto de los procedimientos legalmente establecidos, en vez de proceder de manera precipitada para que la medida pudiera aprobarse antes de las elecciones generales del pasado 23 de junio”, transmiten desde los servicios jurídicos de JUCIL.