La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil ha remitido ayer martes, 23 de mayo, un escrito a todos los grupos políticos parlamentarios en el que solicita la puesta en marcha de una iniciativa parlamentaria para que el régimen sancionador previsto en la Ley de la Memoria Histórica aprobada el año pasado, y que multa las conductas de quienes puedan con sus acciones insultar y humillar a las víctimas de la Guerra Civil o de la posterior Dictadura se apliquen también a quienes incurran en acciones similares con las víctimas del terrorismo. Cientos de nuestros compañeros que fueron víctimas de estas acciones, sobre todo de la banda terrorista ETA, al igual que sus familias y descendientes, han visto cómo en los últimos años se han multiplicado los actos de apoyo público a terroristas, se han organizado recibimientos a los que abandonaban la cárcel tras cumplir condenas por gravísimos delitos de sangre y han tenido que soportar el insulto y la humillación de que condenados por asesinato haya sido recibidos como auténticos héroes por una parte muy radicalizada de la sociedad.  

JUCIL entiende que se registra “una auténtica disfunción legal” dado que la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo carece en su articulado de un régimen sancionador, lo cual cuando menos resulta incongruente con el hecho de que sí lo posea la Ley de Memoria Histórica, aprobada el año pasado, ya que supone que aquellas víctimas del terrorismo que sean insultadas o humilladas no verán sancionadas estas conductas por hechos que ocurrieron a finales del siglo pasado, y sí se sancionarán conductas similares por hechos que tuvieron lugar hace casi cien años, en la Guerra Civil y en años posteriores.

 Un trato diferente en función de una u otra ley

Contrasta en nuestra opinión la carencia de régimen sancionador de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo con lo previsto en la Ley de la Memoria Democrática.

“Sorprende que se sancionen conductas referidas a hechos sucedidos hace casi cien años ya, pero que no se haga lo propio con hechos ocurridos hace mucho menos tiempo, de enorme gravedad” precisa el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, en la carta que se ha enviado a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

El texto legal de protección a las víctimas del terrorismo representó en su día un importante avance, pero ahora, que se ha flexibilizado la protección penal a determinados comportamientos de cobertura, ensalzamiento y complicidad con la actividad de grupos terroristas o de sus miembros y colaboradores, resulta imprescindible incorporar una respuesta punitiva de carácter administrativo para dichas conductas”. Dicho de otra forma: si no hay penas, al menos que se sancionen y se multen esos comportamientos.

Sanciones para quien apoye a condenados por terrorismo

Justicia para la Guardia Civil solicita de los partidos políticos españoles con presencia en el Parlamento “que tengan a bien valorar la elaboración de una iniciativa parlamentaria que dote a la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo de un régimen sancionador similar al previsto en la Ley de Memoria Democrática, a fin de que las conductas de apoyo al terrorismo, a los condenados por terrorismo o las causas que motivaron o motivan el terrorismo, puedan ser sancionadas de manera similar” termina la carta dirigida a los grupos parlamentarios.