La investigación judicial abierta comienza a acorralar a los posibles autores materiales de un delito contra la salud de los trabajadores en el seno del gobierno de Cataluña, la Generalitat, durante la pandemia, cuando desde esa parte de la Administración pública se tomó la decisión de paralizar la vacunación contra la Covid de guardias civiles y policías nacionales. Un hecho que el Tribunal Supremo de Cataluña ya calificó en su día como delito. Ahora, son algunos de los investigados quienes, en sus alegaciones para zafarse de estas acusaciones, presentan pruebas que apuntan directamente hacia la entonces consejera de Salud y hoy vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, Alba Vergés, quien aparece junto a estas líneas. Bajo su imagen, el mensaje que envió una de las integrantes de su gabinete a los responsables de la Consejería de Salud: ‘La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar’

“Vosotros mandáis’

La respuesta de la entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, resulta de lo más evidente; “Vosotros mandáis”.

Otro de los investigados, Josep María Argimón, también aporta mensajes que, como los anteriores, señalan que fue el entorno de la consejera y del secretario general de esta Consejería de Salud de donde surgió la orden de no continuar con la vacunación de guardias civiles y de policías nacionales en Cataluña. Una demora que puso en peligro la vida de numerosos compañeros como consecuencia de una decisión que expresa el odio presente en determinadas formaciones políticas, capaces de jugar con la vida y la salud de las personas y la violencia permanente que sufren los guardias civiles en Cataluña.

La verdad acorrala a los delincuentes

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, salió ayer al paso de estas informaciones para expresar que los hechos comienzan a acorralar a los autores del delito de odio cometido sobre guardias civiles y policías nacionales, abandonados a su suerte en Cataluña ya que se demoró sin motivo su vacunación contra la Covid sólo por el hecho de ser miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en aquella comunidad autónoma española. “Estos mensajes, que además han sido aportados en sus alegaciones por las defensas de varios de los investigados, muestran de forma cada vez más clara cómo se urdió la paralización de la vacunación contra la Covid de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña” declaró JUCIL ayer a través de numerosos medios de comunicación.

Reclamamos las máximas condenas

 JUCIL confía en que la Justicia realice su labor y se presente ante los tribunales a los autores materiales de un delito que ya en su día reconoció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay que recordar que el delito ya fue establecido por este alto tribunal, ahora lo que determina la investigación es quiénes fueron sus autores concretos. Y parece que el círculo comienza a cerrarse sobre los mismos.

JUCIL perseguirá a través de nuestros servicios jurídicos a los autores materiales de este delito, para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y quede muy claro que en un Estado de Derecho como es España, no es posible la comisión de estos graves delitos de odio, y menos por quienes desde las administraciones públicas tienen la responsabilidad de velar por la salud de todos los españoles.