Murcia, 18 de mayo de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha alzado la voz con contundencia ante la alarmante y descontrolada expansión de las mafias en la Región de Murcia, donde al grave y persistente problema de la llegada de pateras y la inmigración irregular se ha sumado desde hace un tiempo, de forma agresiva, el fenómeno del narcotráfico y el despliegue de narcolanchas. La organización, que ya denunció la semana pasada la extensión de esta lacra por todo el eje mediterráneo tras haberlo advertido previamente en las Islas Baleares, califica de intolerable la situación que se vive de manera continuada en su costa. Como ejemplo flagrante más reciente, JUCIL señala lo acontecido en Cabo Cope, en el municipio de Águilas, donde varias narcolanchas penetraron en la costa a plena luz del día para refugiarse de un temporal a la vista de vecinos y visitantes, una humillante escena que evidencia cómo el crimen organizado actúa con absoluta soberbia e impunidad, adueñándose de un litoral que parece haber quedado desprotegido por la inacción institucional.

Desde la asociación profesional se advierte de que la problemática en el litoral murciano ha adquirido una nueva y peligrosa dimensión debido al auge de las redes de ‘petaqueo’, embarcaciones encargadas de suministrar miles de litros de combustible en alta mar y a pie de playa tanto a las planeadoras del narcotráfico como a las llamadas ‘pateras taxi’. Para JUCIL, este complejo engranaje logístico echa más leña al fuego de un escenario actual que no solo es inaceptable, sino que ha sobrepasado todos los límites de lo sostenible para la seguridad pública. La asociación denuncia que los guardias civiles son enviados a combatir a pie de playa contra organizaciones criminales perfectamente estructuradas, con un poder financiero desmedido y dotadas de recursos tecnológicos y logísticos muy superiores a los de la Benemérita, llegando a emplear armas de guerra en sus operaciones. Mientras los delincuentes exhiben su fuerza sin complejos, los agentes de la Guardia Civil se ven obligados a hacer frente a esta doble lacra desarmados de apoyo material e institucional, desbordados por una asfixiante falta de personal. La organización cifra en cerca de 700 los agentes necesarios para cubrir el grave déficit que arrastra la Región de Murcia, una carencia de efectivos que hace que la vigilancia efectiva de las costas sea una utopía.

Esta alarmante desproporción de fuerzas adquiere tintes críticos ante el inicio de la temporada estival. JUCIL advierte de que, con las playas a punto de masificarse con la llegada de miles de turistas y veraneantes, resulta materialmente imposible garantizar la seguridad ciudadana y el control aduanero con las plantillas actuales, lo que deja el territorio a merced de las mafias del narcotráfico y del tráfico de personas.

Ante esta dejadez, la asociación profesional exige que no se olvide el trágico sacrificio de los agentes Jerónimo y Germán, fallecidos recientemente en Huelva en la línea de fuego contra el narcotráfico. JUCIL lamenta profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación actual y del peligro constante al que se enfrentan los guardias civiles en su día a día, en la que los agentes siguen pagando con sus vidas la defensa del Estado de derecho frente a lanchas rápidas y redes clandestinas de suministro, el Gobierno continúe negándose a reconocer la labor de la Guardia Civil como una profesión de riesgo.