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13 mayo, 2021

JUCIL SE QUERELLA CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

La querella criminal recoge la posible existencia de un supuesto delito de administración desleal y se pide que disponga fianza de libertad provisional por una cantidad de un millón de euros para la directora general de la Guardia Civil, para asegurar así la restitución y reparación del daño y la posible indemnización por los perjuicios ocasionados a los guardias que no han cobrado su productividad.

Con estas actuaciones judiciales la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL quiere que se aclaren las razones por las que los agentes no están percibiendo en sus nóminas la productividad incluida en el pago de la equiparación salarial.

La desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL ha presentado una querella contra María Gámez al entender que estaría incumpliendo el proceso de equiparación salarial y no se habrían abonado a los agentes la productividad de equiparación durante varias mensualidades, pese a que esas productividades se han devengado por aplicación del Acuerdo suscrito por el Ministerio del Interior el 12 de marzo de 2018, e incluso estando vigente la anterior Orden General.

En la denuncia presentada contra la directora general de la Guardia Civil, se pide que la Justicia investigue a María Gámez como presunta autora de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, un delito de malversación por administración desleal, tipificado en el artículo 432.1 y 3 en relación con el artículo 252, todos del Código Penal, y un delito de malversación por apropiación indebida tipificado en el artículo 432.2 y 3 en relación con el artículo 253 todos del Código Penal.

JUCIL admite que con esta denuncia buscan que la Justicia cite a declarar a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez y que aclare las razones por las que su departamento ha dictado una Orden General, concretamente la Orden General núm. 4, de 12 de febrero de 2021, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal y que perjudica a más de 70.000 agentes de la Guardia Civil.

Nueva brecha salarial

Agustín Leal, portavoz de JUCIL remarca “que en la querella se hace constar que con la excusa de una Orden General nueva, la querellada presuntamente se habría apropiado indebidamente de todos esos importes de más de 70.000 Guardias Civiles, y supuestamente estaría administrando deslealmente el patrimonio que se le ha entregado para su gestión, concretamente el importe destinado al pago de las nóminas de los Guardias Civiles, y en especial al pago de la productividad de equiparación, anulando esa productividad sin base legal alguna, sin que el Acuerdo por el que se aprobó haya sido denunciado por ninguna de las partes, recibiendo el dinero para proceder al pago de las nóminas”.

Desviación millonaria

Según JUCIL con esta medida se estaría violando el acuerdo del Ministerio del Interior para asegurar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial y retornando a crear una brecha salarial que se garantizaba como anulada. Presuntamente se habría desviado las partidas económicas que se contemplan en equiparación salarial a las nóminas de altos mandos de la Benemérita.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil estima que la desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros, ya que a cada uno de los agentes se les adeudaría ahora entorno a los 100 euros, no cobrados en enero y febrero de este año (50 euros cada mes).

Aclaración sobre grave discriminación

En la querella se solicita como diligencias previas que se tome declaración en calidad de investigada a la querellada, María Gámez y se pide numerosa documentación para aclarar si la Dirección General de la Policía Nacional ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 las cantidades establecidas en concepto de productividad- equiparación.

También en las actuaciones judiciales se solicita que la Secretaría de Estado de Seguridad remita todos los informes elaborados por las Consultorías Externas en relación con el Acuerdo de 12 de marzo de 2018, sobre equiparación salarial. Además, se pide que el Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil, certifique si se ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 el concepto productividad – equiparación, y en caso de ser negativa la respuesta en todos o algunos de los meses, que se indique cuál ha sido la razón de su no abono, y quién ha dado en su caso las órdenes de esa forma de actuación.

Acceso a la noticia: https://elcierredigital.com/investigacion/857316530/jucil-querella-maria-gamez-directora-guardia-civil.html?preview=1

11 mayo, 2021

AUMENTO EN COMPLEMENTOS

Según se establece en la Orden General 12/2014, todo Guardia Civil percibe un complemento de productividad. Dicha Orden General deviene de la Ley 30/1984, de la Función Pública, y establece la existencia de dicho complemento, el cual queda sujeto anualmente a los Presupuestos Generales del Estado.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil, se viene aplicando de forma totalmente errónea y estricta dicha normativa, con el consecuente perjuicio causado para todos los guardias civiles, en el sentido en que dicho complemento de productividad, ha de ser actualizado en base a los Presupuestos Generales del Estado del año en el cual se aprueben, y no, como se ha estado aplicando, inamoviblemente desde el año 2014.

El perjuicio en las nóminas de los Guardias Civiles viene derivado de la cuantificación de dicho complemento de manera estática, en base a unos presupuestos del año 2014, cuando debería haber sido actualizado en base a los presupuestos de cada ejercicio.

En el 2016 dichos Presupuestos produjeron un aumento del complemento de Destino de un 1%, aumento que debería haber repercutido directamente en la productividad, sin embargo, a día de hoy ningún miembro del cuerpo lo ha percibido, ya que se sigue aplicando como base de cálculo el Presupuesto establecido para el año 2014.

El Tribunal Supremo, a través de su Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (recurso de casación 2917/2019), dictó la sentencia nº 573/2019, la cual ha supuesto que se entienda la misma como DOCTRINA JURISPRUDENCIAL, y por tanto debe de entenderse como fuerza de ley. Dicho Tribunal realiza una interpretación correcta y exacta de lo previsto en la Orden General 12/2014, la cual establece y desprende que “todo personal del Cuerpo percibirá una modalidad de productividad estructural de abono mensual vinculada al régimen de prestación de servicio y al puesto de trabajo que ocupe…”

            A raíz de esta sentencia, la Administración debe actualizar el complemento de productividad estructural según la regla de cálculo establecida en el artículo 8.6 de la Orden General 12/2014, de 23 de diciembre.

Por este motivo, JUCIL ha remitido documento a la Dirección General de la Guardia Civil, solicitando que de forma inmediata acate lo establecido, tanto en la Orden General 12/2014, de 23 de diciembre, como lo establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, abonando las cantidades correspondientes al año en curso, así como la cuantía pendiente de ejercicios anteriores desde el año 2015.

Iniciamos de esta forma nuestra estrategia de acción en la reclamación, para que se proceda a la regularización de la productividad estructural en las nóminas de todos los Guardias Civiles, y como paso previo a la presentación de una demanda colectiva en caso de respuesta negativa por parte de la Dirección General de la Guardia Civil.

JUCIL toma la determinación de actuar de esta forma con el fin de hacer beneficiarios de esta estrategia a todos los miembros del cuerpo, con el mínimo desgaste para los mismos. Evitando así un aluvión de posibles contenciosos de manera individual, en el mejor de los casos. Evitando de igual forma que quedaran fuera y desamparados, aquellos compañeros que, tras respuesta negativa a su instancia, no contaran con los medios y soporte económicos necesarios para llevar su reclamación de forma individual a contencioso administrativo.

 

Madrid a 11 de mayo de 2021.

#JucilSuma

 

LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA

27 abril, 2021

MALESTAR POR LA PRESENCIA E INTERVENCIÓN EN UN MITIN DE NUESTRA DIRECTORA GENERAL

          En la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, expresamos públicamente nuestro malestar e indignación ocasionado por nuestra Excma. Sra. Directora General de la Guardia Civil, entre los miembros del Cuerpo, como consecuencia de su intervención en un MITIN Electoral en Madrid.

La Guardia Civil es una Institución, la más valorada por los españoles año tras año, que como tal, es APOLÍTICA, de hecho todos sus miembros tienen prohibida su participación en cualquier acto electoral, con sanciones disciplinarias graves a los miembros de la benemérita, que acudan a dichos actos.

 

            Sra. Directora, pensamos que por ética, por moral, por solidaridad y por respeto a los miles de guardias civiles a los que usted representa como máxima responsable y representante de la institución, creemos que su asistencia al acto  fue una acción irrespetuosa para con los 78.000 subordinados y falto a la neutralidad política que exigen a todos los Guardias Civiles.

            Nuestro mayor deseo es oírla y escucharla comunicándonos que ya disponemos de chalecos antibalas, o vehículos nuevos y medios materiales para hacer más seguro el trabajo de todos los Guardias Civiles y con ello la sociedad a la que nos debemos y no a determinados partidos políticos.

            Aún no hemos oído una sola palabra de condena a las agresiones sufridas por nuestros compañeros y familias que año tras año sufren en el desempeño de sus funciones o como consecuencia de ello. Donde esta la segunda dosis de nuestras vacunas, o las primeras dosis de muchos de nuestros compañeros que todavía carecen de ella, como los destinados en Cataluña.?

            Cuando veremos una verdadera equiparación salarial con el resto de policías autonómicas y nuestros compañeros en reserva podrán ver reflejada la falsa equiparación en sus nóminas.?

            Excma. Sra. Directora deje de acudir a actos políticos y defienda y represente con la misma dignidad que miles de hombre y mujeres que forman la Guardia Civil lo hacen a diario en todo el territorio nacional.

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

#JucilSuma

LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA

 

18 abril, 2021

Jucil pide al alcalde de Capdepera que rectifique sus palabras sobre la Guardia Civil

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), ha solicitado al alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, que rectifique sus palabras en las que “ponía en duda” la intervención de la Guardia Civil en el caso del arresto de los presuntos agresores de un agente de la Policía Local.

En una nota de prensa, el secretario provincia del Jucil, Tomás Quesada, ha lamentado que las palabras de Fernández son “una falta de respeto, un insulto y una acusación velada de irregularidades”.

Quesada ha asegurado que existe “malestar y disgusto” entre los agentes de la Guardia Civil en el puesto principal de Artà, después de que se haya “cuestionado su trabajo”.

Además, Jucil ha reclamado a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, que despeje las dudas que ha generado el alcalde de Capdepera.

 

 

Acceso a la noticia

http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/3114807/jucil-pide-al-alcalde-de-capdepera-que-rectifique-sus-palabras-sobre-la-guardia-civil/

 

 

14 abril, 2021

La Justicia vasca obliga a la Guardia Civil a reducir el 60% de su jornada a una agente con un hijo enfermo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco facilita a la agente el cuidado de un niño de tres años que, sin estar hospitalizado, requería del cuidado “directo, permanente y continuo” de un adulto.

La Justicia está abriendo la conciliación familiar en la Guardia Civil a golpe de sentencia y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ido un paso más allá al ampliar la reducción habitual de jornada para el cuidado de un hijo enfermo. La sentencia dictada por los jueces vascos el pasado 24 de marzo obliga al Ministerio del Interior a reducir al 60% la jornada de trabajo de una agente destinada en el Puerto de Pasaia para poder atender a su hijo de tres años. La agente se topó dos ‘noes’ anteriores de sus superiores, primero en Castellón y luego en San Sebastián, hasta que recurrió a los juzgados que le han dado la razón.

Casi 7.000 mujeres forman parte de la plantilla de los 84.000 agentes de la Guardia Civil en España y una de ellas ha logrado la reducción de su jornada por encima del 50% que establecen las normas internas del Instituto Armado. Una disminución del tiempo de trabajo establecida en el artículo 34 de la orden general que regula la actividad de los guardias y que habilita a la “autoridad competente” a ampliarlo hasta el 99% de la jornada.

Sin embargo, la “autoridad competente” tiende a rechazar la petición de estas reducciones si los menores al cargo no se encuentran “hospitalizados y en tratamiento continuado”. Un criterio que ahora los jueces corrigen amparándose en una sentencia reciente del Supremo y en los informes médicos y educativos aportados, como es el caso, por los agentes de la guardia civil.

La agente ahora destinada en Pasaia (Gipuzkoa) tuvo un hijo en febrero de 2018 cuando se encontraba destinada en Castellón. Un niño al que se le diagnosticó “linfaneictasia intestinal”, enfermedad que le impide absorber determinadas grasas y que obliga a sus padres a mantener muy controlada su alimentación, como consta en la sentencia del TSJPV. Un año más tarde, los pediatras también le detectaron una esclerosis tuberosa que genera tumores no cancerososen diferentes partes del cuerpo del menor.

La guardia civil logró en 2018 una reducción de jornada del 30% aunque la desestimó por la “forma de desarrollo” que le impuso el responsable de la unidad de Benicarló (Castellón) en la que prestaba servicio. Un año más tarde y ante la necesidad de que el menor pasara consultas asiduamente en el Hospital de la Fe de Valencia reclamó una reducción de jornada del 80% que le fue denegada. La misma respuesta de sus superiores fue la que le trasladaron en San Sebastián cuando reclamó la reducción del 60% con los informes del Servicio Vasco de Salud y de la tutora del menor en un colegio guipuzcoano.

Respaldada por los servicios jurídicos de la Asociación de la Guardia Civil Jucil, la agente aportó cuatro informes que, junto a la sentencia del Supremo, han sido determinantes para que la Justicia obligue al Instituto Armado a aplicar esta reducción de jornada. En estos documentos se avala que el menor requiere de “mayor atención y disponibilidad” (Osakidetza), que necesita de “un cuidado directo, continuo y permanente” (Neurología Hospital Donostia), que demanda “controles médicos frecuentes, curas diarias” y un posible tratamiento en Barcelona (pediatra sanidad vasca) y que también en el colegio necesita “atención más personalizada” por sus “ausencias frecuentes para ir al médico”.

“Es un logro que los jueces del Alto Tribunal hayan considerado justificada plenamente la petición que hacia nuestra compañera, madre y agente de la Guardia Civil. En Jucil no podíamos permitir que sean las familias las que asuman solas situaciones en las que deban elegir entre si ir a trabajar o cuidar de sus hijos enfermos”, ha advertido Coral Andrés, secretaria nacional de igualdad de esta asociación del Instituto Armado.

 

Fuente: El Mundo

Acceso a la noticia: https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/04/14/6075e31cfc6c83f1508b465b.html

 

 

 

 

 

9 abril, 2021

POSICIONAMIENTO DE JUCIL ANTE DIFUSION DE VIDEOS

Ante la divulgación de varios videos en grupos de WhatsApp y RRSS por parte de un compañero en la situación de reserva de la Guardia Civil, señalando que es afiliado de JUCIL y que denuncia supuestas corrupciones que realizan agentes en el desempeño de sus funciones,  nos vemos obligados a realizar las siguientes puntualizaciones con relación a estas declaraciones, así como dar a   conocer la posición de la Asociación Justicia Guardia Civil JUCIL.

A este respecto JUCIL afirma con rotundidad que ningún afiliado puede sembrar la duda sobre las actuaciones que realiza la Guardia Civil y que si es conocedor de estos hechos los ponga en conocimiento de la fiscalía, aportando toda la información necesaria que permita esclarecer las conductas que denuncia en el video.

El Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL analizará estas manifestaciones que ponen en entredicho la imagen de la Guardia Civil y la posible apertura de un expediente y propuesta de expulsión de este afiliado que cuestiona el ejercicio de los agentes de la Benemérita.

Por último, JUCIL recuerda que los cerca de 80.000 miembros de la Guardia Civil han demostrado que cumplen la normativa vigente y si existe algún caso de conductas impropias, irregulares o ilegales, deben de ser denunciadas, ya que todos los compañeros mantenemos un compromiso de tolerancia cero ante supuestas corrupciones que desacrediten el buen nombre de la Benemérita.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 

 

Madrid a 09 de abril de 2.021