Sólo la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL) se opuso más allá de las manifestaciones en la calle y defendió en los tribunales la ilegitimidad de las formas usadas por el Gobierno para la cesión a Navarra de las competencias en materia de Tráfico. El Tribunal Supremo ha dado la razón a esta asociación profesional, que defiende los intereses generales, laborales y sociales de los guardias civiles hasta donde le es posible. Y esta vez ha sido posible en el máximo tribunal de Justicia, que confirma las tesis de JUCIL y anula el decreto ley con el que el Ejecutivo pretendía transferir unas competencias que sólo se pueden traspasar a través de una ley orgánica, es decir, una norma aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vuelta de todo el proceso a la casilla de salida y a iniciar otro camino, el legal, si se quiere, o se puede continuar.

El traspaso en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros, afirma rotundo el Supremo. Fracasa el sistema exprés que pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Si quieren, tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien, la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias. En ambos casos tendrá la condición de ley orgánica y exige la mayoría absoluta de la cámara. “Los servicios jurídicos de JUCIL precisaron que, con las prisas de usar a los guardias civiles como moneda de cambio para asegurar el gobierno en Navarra, se saltaban los preceptos legales”, ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Desde el primer momento dijimos que ésta no era la forma de hacer estas cosas. En nuestra demanda ante el Supremo admitíamos que, si finalmente es el Parlamento quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el Gobierno se salte las normas”, ha dicho Vilariño.

Con la rotundidad del fallo judicial: “La competencia ha sido, siempre, de la Guardia Civil”

El fallo del Tribunal Supremo razona que la Ley de Reintegración y Amejoramiento no incluye ningún título competencial que encaje en las tareas que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Y cuando se pregunta qué competencia tenía Navarra respecto al tráfico antes de la aprobación de esta norma precisa que “la realidad” es que “la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil” por lo que la Policía Foral se ha limitado a una función “subordinada” en este aspecto, Y son estas funciones que ejerce la Guardia Civil “las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial” ni con la actual ley foral, ni antes de promulgarse, argumentan los magistrados del Supremo.

Respaldo a la demanda de JUCIL

La sentencia desestima las alegaciones planteadas por la Comunidad Navarra de que JUCIL carecía de legitimación activa para llevar adelante el recurso. Y el tribunal utiliza para justificar esta legitimación los razonamientos que eleva la comunidad foral. “La mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia comunidad, porque para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral”, explica el fallo judicial.

“Es obvio que cualquiera de estas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”, concluyen los magistrados del Tribunal Supremo.

Jugaban con la vida de doscientas familias

“Los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos” afirma Ernesto Vilariño. “Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra”, agrega Vilariño

La Sentencia ha estimado los argumentos de JUCIL, con sustento adicional en un Dictamen elaborado por el prestigioso jurista navarro Jaime Ignacio del Burgo, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado y de los Servicios jurídicos de la Comunidad Foral de Navarra.