3. Contra dicho pago voluntario por parte de la DG se posicionó abiertamente JUCIL, trasladando el porqué de esta postura en comunicado publicado el pasado 7 de abril, tras informe realizado por sus servicios jurídicos con fecha 17 de marzo (arriba reflejado). En dicho comunicado se trasladaba la información contenida en dicho informe, el cual indicaba que con el pago voluntario de los atrasos se corría el riesgo de que además de perder los intereses de demora se podría llegar a la actual situación de reducción de cantidades en La Productividad por Objetivos. Siendo su criterio continuar con las acciones legales solicitando la extensión de sentencia.

La experiencia nos demuestra una vez más que nuestra apuesta por un trabajo serio, basado en el beneficio de los guardias civiles, era la acertada.  De no haberse planteado el pago voluntario de dichos atrasos, la obligación de cumplimiento del mandato judicial habría abierto la puerta a la solicitud de una partida monetaria extraordinaria para hacerle frente, por lo que todos los guardias civiles se habrían ahorrado llegar a la actual situación, en la que además de la pérdida de los posibles intereses de demora, han sido ellos mismos quienes se han autofinanciado esos atrasos con la actual merma en las cantidades asignadas para la Productividad por Objetivos.

Llegados a esta situación, JUCIL ya ha encargado a sus servicios jurídicos estudiar la legalidad de la decisión tomada por la DGGC, utilizando la partida presupuestaria dedicada a productividad en el ejercicio 2022 para abonar las cantidades correspondientes a los atrasos derivados de ejercicios anteriores (2017-2021).

https://jucil.es/reclamacion-atrasos-productividad-estructural-2/

(Enlace comunicado 7 de abril)

Madrid a 1 de diciembre de 2022

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