JUCIL se personará como acusación en la agresión sufrida por cinco guardias civiles a manos de cuatro jóvenes en Castro Urdiales

La asociación profesional muestra de nuevo su sorpresa porque el juzgado haya decretado la libertad de los acusados de un delito de atentado contra la autoridad
JUCIL entiende que estas decisiones judiciales envían un mensaje equivocado a la sociedad sobre las consecuencias de agredir a un agente de la autoridad o de la comisión de auténticos delitos de odio

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) se personará como acusación en las diligencias abiertas contra cuatro jóvenes que agredieron y causaron heridas a cinco guardias civiles en la localidad cántabra de Castro Urdiales en la madrugada del pasado 16 de diciembre. Los guardias, asociados de JUCIL, sufren diferentes heridas causadas por un grupo de personas quienes, tras reconocerles como guardias civiles, ya que se encontraban de paisano y fuera de servicio, primero les insultaron y después les agredieron y continuaron con su actitud violenta también en el momento de su detención por patrullas uniformadas.

JUCIL no pone en duda el trabajo de la Justicia para la resolución de este caso, pero observa con sorpresa la decisión de poner en libertad a estos detenidos. Es una situación que se ha repetido en varias ocasiones y que posteriormente ha sido corregida por los tribunales. Así, este verano ocurrió algo similar en la localidad asturiana de Cangas de Onís. Sólo en este mes de diciembre, el imputado en aquella agresión, ha sido de nuevo detenido para ingresar en prisión provisional.

 

Respeto a las actuaciones judiciales

 

JUCIL respeta los criterios que permiten argumentar las decisiones judiciales, si bien considera que la adoptada en Castro Urdiales favorece la difusión de un mensaje equívoco tanto para la sociedad como para quienes se aprestan a delinquir y sobre todo, para quienes actúan con violencia extrema. Un mensaje que expresa la facilidad con la que es posible evadirse de las consecuencias, que deberían ser graves, de causar lesiones a otra persona y, sobre todo, de lo gratuito que resulta resistirse a la acción de la autoridad y hallarse inmerso en un delito de atentado y posiblemente otro delito de odio.

Esta nueva decisión judicial, que JUCIL respeta y acata, pero no comparte, añade aún más incertidumbre en los protocolos de actuación de los guardias civiles frente a las actitudes extremadamente violentas.