Solicitamos más plantilla en la Unidad de Asuntos Internos y su despliegue por toda España para proteger correctamente nuestra transparencia y honestidad
Los últimos acontecimientos acaecidos sobre nuestra institución demuestran la pertinencia de incrementar con más medios el control interior. Por este motivo, además, solicitamos a la nueva directora general, Mercedes González, que se descentralice el SAI y se disponga de grupos operativos repartidos por toda la geografía nacional, y no sólo se ubiquen en Madrid.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha defendido la honestidad y la honradez que debe presidir cualquier nivel o gobernanza de nuestra institución: “JUCIL cree en la transparencia y ésta tiene que ser la divisa del Cuerpo, sobre todo por el honor y la decencia de quienes trabajamos en esta institución, los guardias civiles, que nos ganamos el respeto de la ciudadanía por nuestra labor y trabajo”.
Más efectivos y menos centralización
“Instamos a la directora general a que amplíe la plantilla del Servicio de Asuntos Internos, integrada ahora por una cifra de algo menos de dos centenares de guardias civiles, un número escaso a tenor de las informaciones que han surgido en los últimos meses y que, por desgracia, tienen a diferentes elementos de la Guardia Civil como protagonistas”, ha manifestado Vilariño. Sobre este asunto, reclamamos que no se dote con personal comisionado desde otros puestos, si no que se establezca como destino concreto, de forma que, ni se resten efectivos de otras unidades, ni se forme con personal que tiene esa ocupación de manera temporal y que puede ser enviado de nuevo a otro destino.
JUCIL lamenta el cambio de fecha del Consejo de la Guardia Civil
Hemos remitido una carta al Ministerio del Interior en la que ha mostramos nuestro desagrado por el retraso de esta fecha, al día 17 de abril, bajo la excusa del relevo en la Dirección General. Además, reclamamos que sea el ministro, Fernando Grande Marlaska, quien presida la convocatoria de este órgano consultivo. “Esta demora es solamente una excusa por el cambio en la Dirección General, por eso la asociación ha pedido que se convoque el Consejo en el día previsto y lo presida el ministro, que es a quien le corresponde, ya que solo por delegación del titular de Interior preside el Consejo quien ocupa la dirección general de la Guardia Civil”, ha argumentado el secretario general.
Añade aquí tu texto de cabeJUCIL solicita la cruz del mérito con distintivo rojo para los cinco compañeros guardias civiles heridos por arma de fuego en una operación contra el narcotráfico en Alicante cera
La asociación profesional considera que los cinco lesionados, que permanecen hospitalizados, son merecedores de esta distinción por haber puesto en grave riesgo sus vidas durante la operación ‘Sarpa’ contra el cultivo, tenencia y tráfico de marihuana desarrollada en la localidad alicantina de El Moralet
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado formalmente a la Comandancia de Alicante la concesión de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo para los cinco guardias civiles pertenecientes a la USECIC de Alicante que han resultado heridos de distinta consideración en un operativo contra el cultivo, tráfico y la tenencia de sustancias estupefacientes que se ha llevado a cabo en la localidad de El Moralet.
Los hechos que han dado lugar a estos heridos han sido provocados por la fuerte resistencia mostrada por los ocupantes de la vivienda sobre la que se realizaba el operativo, que utilizaron armas de fuego, como escopetas de postas, contra los guardias civiles que intentaban la entrada, lo que provocó un intenso tiroteo con evidente riesgo para la integridad física de los guardias civiles que intervenían.
Cumplieron con su deber a pesar de poner en grave riesgo sus vidas
JUCIL considera que estos cinco guardias civiles se han hecho merecedores a la recompensa que regula la concesión de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en este caso la cruz con distintivo rojo ya que concurren las circunstancias señaladas en la normativa que regula estas condecoraciones, como “que en el transcurso del servicio, donde se pone de manifiesto un riesgo de perder la vida, han ejecutado para su cumplimiento acciones claramente demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y seguridad ante el peligro”, dice el texto normativo.
Por estos motivos, JUCIL solicita a la Comandancia de Alicante que de inicio al expediente para la concesión de esta distinción a los cinco guardias civiles heridos que han demostrado en esta acción su valor y que han puesto en grave riesgo sus vidas.
El juez investiga si otros dos altos cargos de la Generalitat participaron en la demora para vacunar del Covid a los Guardias Civiles en Cataluña
La instrucción del sumario amplía el número de los posibles implicados y señala que de lo conocido “se desprenden indicios de que tuvieron intervención en la decisión de paralizar la vacunación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado destinados en Cataluña cera
El círculo de posibles implicados se amplía y la Justicia ha decidido tomar declaración “en calidad de investigados” a quien fuera secretario general del Departament de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol Sintas y el secretario de Salud Pública del Departament de Salut. Josep María Argimón Pallás, pues según las palabras textuales del juez instructor de este caso promovido por JUCIL y JUPOL, “de lo actuado se desprenden indicios de que tuvieron participación en la decisión de paralizar la vacunación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña durante la pandemia provocada por el Covid-19”.
Hubo paralización y el juez quiere saber quiénes fueron los responsables
JUCIL a través de sus servicios jurídicos es parte actora en este proceso en el que ya no se dilucida si hubo o no paralización. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro hace ya más de año y medio en su sentencia que fue una paralización voluntaria. Lo que ahora investiga el magistrado es quién, o quiénes fueron los responsables de esa demora y si su actuación puede considerarse incluida dentro de los tipos del Código Penal.
Los servicios jurídicos han logrado que a los cuatro primeros altos cargos a los que se investiga como posibles implicados se unen ahora dos más en un proceso en el que se busca determinar también, con la declaración de los responsables del proceso de vacunación en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación a dichos colectivos” precisa el juez en su última diligencia.
JUCIL pretende que se conozca la verdad, que se investigue hasta el final a los posibles responsables y que los tribunales — si los hubiere — determinen la sanción para los culpables de estos hechos tan cercanos al odio.
La asociación profesional recuerda que su código ético tiene en un alto concepto de la labor de los guardias civiles y de la propia institución y espera de la Administración la mayor colaboración con la Justicia para que lleve a cabo su trabajo cera
JUCIL resalta que la transparencia es la principal divisa en la gestión de una administración moderna, al igual que lo es en la propia asociación profesional que incluye esta condición en su código ético. En estos momentos, en los que la dimisión de la directora general, María Gámez, que ha tenido lugar en medio de escándalos que salpican a distintos mandos de la Guardia Civil, JUCIL reclama de la Administración la máxima transparencia con el fin de que tanto los guardias civiles como el propio Cuerpo queden al margen de cualquier ilícito que hayan podido llevar a cabo algunos de sus integrantes.
A quién le corresponde aclarar la verdad
JUCIL confía en que la labor de la Justicia clarifique cuál es la responsabilidad de cada uno en los turbios asuntos que han surgido en los últimos días en torno a determinados mandos de la Guardia Civil en diferentes lugares de España. Por este motivo, la asociación recuerda, y lo ha hecho además a través de un comunicado público, que es precisamente la labor de jueces y de magistrados la de calificar los hechos y determinar si hay responsabilidad penal en los mismos. Para llevar a cabo este trabajo, la Justicia requiere de colaboración por parte de la Administración pública, una colaboración que JUCIL espera que se preste sin ningún obstáculo.
La presión en las calles y en los despachos ejercida por miles de integrantes de la asociación profesional ha dado sus frutos
Los guardias civiles mantienen la presunción de veracidad, la confidencialidad de su imagen y la tranquilidad de sus familias
La reforma prevista de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido finalmente pospuesta sin fecha y ya no se llevará a cabo, al menos en esta legislatura, a la que le quedan pocos meses para concluir. El PSOE, Podemos y el PNV, promotores de esta derogación parcial de la ley no han logrado los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, entre otros motivos porque finalmente los diputados socialistas han demostrado un mínimo de valor y se han mantenido firmes sin ceder al chantaje de sus socios independentistas: ERC y EH Bildu que les reclamaban ir aún más allá.
JUCIL quiere en primer lugar agradecer a todos sus socios, a sus familias y a sus allegados, el esfuerzo realizado para conseguir este logro de todos. “Estar en las calles con la protesta de noviembre del año 2021 y con la reciente del 4 de marzo ha sido sin duda muy importante para este logro”, afirma el secretario general, Ernesto Vilariño.
Complementado con el único informe jurídico independiente
“Un esfuerzo que se ha visto complementado por el informe jurídico que JUCIL pidió a tres expertos juristas de la Universidad San Pablo CEU, con el que presentamos a los grupos políticos en el Congreso, también al PSOE. Estamos convencidos de que ha influido para que el grupo socialista marcara unas líneas que no estaba dispuesto a atravesar por más que se lo hayan reclamado sus socios independentistas”, añade Vilariño.
Como asociación sin carácter político, JUCIL no entra a valorar si la Ley de Seguridad Ciudadana necesita una reforma en su contenido, esta es labor de los partidos políticos, pero sí pide a los grupos parlamentarios que si de nuevo comienza un proceso para la mejora de esta normativa, ESTA VEZ CUENTEN CON LA OPINIÓN DE LOS JURISTAS Y DE QUIENES SOMOS LOS DEFENSORES DE LA PAZ Y EL ORDEN EN LAS CALLES.
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