8 de mayo de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, exige a la Dirección General la retirada de cremas solares distribuidas entre agentes del Cuerpo después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya ordenado la retirada del mercado de este producto por contener benzofenona, una sustancia potencialmente cancerígena y prohibida en cosméticos dentro de la Unión Europea.

JUCIL ha recibido durante los últimos días consultas y quejas de unidades que fueron dotadas con este fotoprotector. La preocupación entre los agentes se ha desatado tras conocerse la alerta sanitaria y la retirada del producto, especialmente porque todavía no existe información clara sobre los lotes afectados ni sobre el alcance exacto de la distribución realizada en dependencias de la Guardia Civil.

La asociación recuerda que la benzofenona figura como sustancia prohibida en productos cosméticos conforme al Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que considera “inadmisible” que un producto con estas características haya podido ser adquirido y repartido entre los guardias civiles.

Desde JUCIL se insiste en que esta situación resulta todavía más grave después de años reclamando a la Administración que facilitara protección solar adecuada para los agentes que desarrollan su trabajo a la intemperie y durante largas jornadas de exposición al sol. La asociación defiende que las cremas solares deben ser consideradas material preventivo básico para aquellos destinos y especialidades con exposición prolongada a radiación solar, garantizando su suministro periódico y suficiente.

“Después de mucho tiempo reclamando algo tan básico como protección frente a los rayos ultravioleta, nos encontramos ahora con un producto retirado por contener una sustancia prohibida. Esto demuestra una preocupante falta de control sobre las compras y suministros que realiza la Dirección General”, señalan desde la asociación. En este sentido, pide que se informe sobre qué controles de calidad, seguridad y evaluación preventiva que se hayan realizado previamente a la adquisición y distribución de estos productos por parte de la Administración.

Así, JUCIL exige la retirada inmediata del producto en todos los servicios y unidades donde haya sido distribuido, así como una comunicación transparente y urgente dirigida a los agentes afectados para informarles de los riesgos, de los lotes implicados y de las medidas adoptadas.

Además, la asociación solicita que la Dirección General reponga cuanto antes estos fotoprotectores por otros productos que sí cumplan todas las garantías sanitarias y de seguridad exigidas.

Para JUCIL, la protección de la salud laboral de los guardias civiles “no puede quedar en manos de la improvisación ni de adquisiciones sin las debidas garantías”, por lo que reclama una revisión exhaustiva de los procedimientos de compra y control de materiales destinados a los agentes.

Tenerife, 8 de mayo de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) requiere con urgencia al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil para que se informe con exactitud, de forma inmediata y detallada, sobre el material de protección disponible para el operativo en el puerto de Granadilla de Abona. La organización exige garantías de que todos los agentes que intervendrán en el traslado y custodia de los afectados por hantavirus cuentan con el equipo técnico necesario y certificado para enfrentar una amenaza biológica de esta magnitud, cuya tasa de mortalidad, según los virólogos, oscila entre el 15% y el 50%.

Una letalidad muy superior a la del COVID-19

Desde JUCIL se advierte de que la peligrosidad de esta variante del hantavirus (cepa Andes) es extrema. Al igual que ocurrió con el COVID-19, el contagio se produce por aerosoles, con la diferencia crítica de que la letalidad de este virus es significativamente superior (la del COVID-19 es del 0,1%, llegando a estar entre el 2% y el 5% en los momentos más letales de la pandemia). Aunque el contagio entre personas requiere una carga viral más alta, el mecanismo de transmisión por aerosoles es idéntico al del coronavirus, lo que convierte cualquier interacción sin el equipo adecuado en un riesgo potencialmente mortal que la Administración no puede ignorar.

La asociación critica la falta de claridad en las instrucciones recibidas. Las informaciones contradictorias sobre qué material debe usarse y si este se encuentra realmente disponible en las unidades de Tenerife están generando una lógica preocupación entre los agentes. JUCIL reclama que se detallen las especificaciones técnicas de las mascarillas, guantes y trajes de protección para asegurar que son los adecuados para detener la inhalación de partículas virales.

Profesión de riesgo y equiparación salarial

Esta crisis sanitaria vuelve a poner de manifiesto la injusticia histórica que sufre la Benemérita. JUCIL subraya que la Guardia Civil es un cuerpo que, por su vocación de servicio, “siempre está para todo”, asumiendo las misiones más peligrosas y críticas, pero sigue sin ser reconocida oficialmente como profesión de riesgo. La asociación considera inadmisible que el Estado obligue a sus servidores públicos a actuar en escenarios de alta peligrosidad biológica sin ofrecer, a cambio, la máxima seguridad jurídica y material.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional denuncian con firmeza esta situación: “Es intolerable que seamos el cuerpo que siempre está en primera línea ante cualquier crisis —sea el ébola, el coronavirus o ahora el hantavirus— y que, sin embargo, sigamos sin alcanzar la condición de profesión de riesgo ni la equiparación salarial total. Ni se nos cuida con los medios adecuados, ni se nos paga como a otros cuerpos policiales que enfrentan los mismos riesgos”.

Para JUCIL, la conclusión es clara: “Es hora de que el Gobierno deje de tratar a los guardias civiles como policías de segunda clase cuando las amenazas que enfrentamos son de primera magnitud”.

Exigencias inmediatas

JUCIL reitera que las informaciones contradictorias solo generan inseguridad y manifiesta que no aceptará que la seguridad de los agentes quede al azar de la improvisación. Asimismo, exige que se certifique de forma oficial que el material entregado es el correcto para esta cepa específica y que se asegure el suministro para todos los turnos de 24 horas previstos, al menos hasta el próximo miércoles, bajo una supervisión técnica rigurosa. La vida de los guardias civiles y la de sus familias depende de una gestión técnica y no de decisiones políticas o presupuestarias.